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"El PP va a pedir la comparecencia del ministro para que informe a todos los ciudadanos acerca de todo lo que sabe de este asunto, en lugar de hacer filtraciones, teniendo en cuenta que estos acontecimientos se han producido también, o de una manera muy importante, con el Gobierno actual", dijo el lunes la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal.
Cospedal señaló que "lo primero que tendríamos que tener bien claro en un país que vele por su seguridad es que un Gobierno con responsabilidad y que sea fiable no se dedica a hacer filtraciones acerca de asuntos que afectan a la seguridad nacional".
"Eso no pasa en ningún país avanzado o no avanzado", agregó en su comparecencia semanal en la sede del PP en Madrid, y calificó lo ocurrido de "tremenda irresponsabilidad y falta de fiabilidad".
Por su parte, Moratinos reiteró el lunes que van a investigar los documentos, "que cuando llegamos al Gobierno no teníamos constancia hasta que han sido publicados".
"Por lo tanto, estamos haciendo una investigación y al término de la misma, todo lo que podamos ofrecer y asistir a la Justicia, a la Audiencia Nacional, lo haremos", agregó en unas declaraciones a periodistas.
En un documento "muy secreto" del Ministerio de Exteriores fechado el 10 de enero de 2002 y publicado íntegramente el domingo por El País, el entonces director general de Política Exterior para América del Norte, Miguel Aguirre de Cárcer, informaba a su superior, el titular de Exteriores Josep Piqué, del paso por España de aviones que trasladaban a sospechosos de terrorismo.
"Los EEUU van a iniciar muy próximamente vuelos para trasladar prisioneros talibanes y de Al Qaeda desde Afganistán hasta la base de Guantánamo, en Cuba", decía la carta reproducida el domingo en el diario.
El texto prosigue que aunque se utilizarían aviones de largo alcance, que no implicaban escalas, las autoridades estadounidenses querían tener la autorización del Gobierno español en caso de que fuera necesario realizar un aterrizaje de emergencia.
NO FUE INFORMADO
Exteriores sacó un comunicado el mismo domingo en el que indicó que ha abierto una investigación para localizar este documento e indicó que "no fue informado por el equipo anterior".
El programa de entregas, así como las acusaciones de tortura a sospechosos de terrorismo, han causado fricciones graves entre Estados Unidos y sus países aliados. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero defiende que nunca ha tenido pruebas de que se hubieran producido ilegalidades en territorio español, y que siempre ha actuado con transparencia.
Estados Unidos ha reconocido estos traslados secretos, pero niega que haya torturado a sospechosos o que los haya entregado a países que sí lo hacen.
Un informe presentado el pasado octubre por Amnistía Internacional aseguró que alrededor de 200 detenidos en Guantánamo llegaron a la prisión estadounidense tras cruzar el espacio aéreo español y que entre 2002 y 2007, más de 90 vuelos de aviones supuestamente vinculados con la CIA, con origen o destino Guantánamo o centros de detención secreta en otros países, hicieron escala en aeropuertos españoles.
